Inspección del Primer Tribunal Ambiental en Arica: Detalles sobre la demanda por daño ambiental de la Fundación Mamitas del Plomo
El equipo del Primer Tribunal Ambiental se trasladó hasta los sectores de la población Los Industriales y cerro Chuño en Arica, con el objetivo de verificar en terreno los alcances de la demanda interpuesta en 2024 por la Fundación Mamitas del Plomo, que denuncia daño ambiental por contaminación con metales pesados contra el Estado de Chile.
Los ministros, acompañados por el equipo científico y jurídico del tribunal, realizaron diligencias en terreno, lo que permitió obtener mayores antecedentes sobre la causa, recorriendo distintos puntos donde se habría acopiado y trasladado posteriormente los residuos mineros.
La acción judicial se origina cuando un grupo de madres ariqueñas decide demandar al Estado por la afectación a la salud de sus hijos, atribuida a la contaminación de metales pesados abandonados en la comuna de Arica por la empresa Promel.
Según sostiene la demandante, en 1984 se habrían trasladado 20 mil toneladas de residuos tóxicos que fueron depositados en ese entonces en las afueras de la ciudad, específicamente en el denominado Sitio F ubicado en el sector de la población Los Industriales. En la demanda se explica que estos residuos provendrían de la empresa sueca Boliden, que vendió estos materiales a la empresa chilena Promel.
La Fundación cuestiona que las acciones de remediación ejecutadas en su oportunidad han sido insuficientes, existiendo a la fecha lugares que no han sido remediados, manteniéndose la exposición de la población a metales pesados. Se critica que el lugar donde fueron depositados los residuos carece de medidas de seguridad suficientes para su resguardo, estando cercano a viviendas existentes en el lugar.
“Parte del trabajo del Tribunal es hacerse de antecedentes, de contexto y del terreno mismo. Eso implica realizar algunas pericias, en este caso acompañado por la BIDEMA [Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones], donde estamos haciendo un screening del suelo para ver la presencia de algunos polimetales y comparar con la data histórica que tiene tanto el sitio F como otros lugares aledaños”, explicó el ministro titular en ciencias, Marcelo Hernández.
Fueron dos jornadas en que se recorrieron nueve puntos de la ciudad, teniendo la oportunidad de escuchar a las personas pertenecientes a la fundación que ha llevado adelante este proceso, en busca de demostrar la afectación sufrida por el acopio y manejo de los residuos mineros.
“La idea es hacer un levantamiento de información, conversar con actores presentes en el territorio actualmente, conocer el estado del arte y nutrirnos de los antecedentes presentados por las partes para tener un mejor análisis técnico-científico en esta causa, lo que permitirá arribar a una mejor decisión”, agregó el ministro Hernández.
Cabe recordar que en enero de este año se realizó la audiencia de conciliación, prueba y alegatos finales, donde el tribunal escuchó el testimonio de 14 testigos, comunes y expertos. Tras esta visita inspectiva, el tribunal deberá levantar un acta y revisar los diversos antecedentes de la causa para determinar los próximos pasos.
“El tribunal realizó una diligencia de inspección personal, y en particular estuvimos en el sitio F, donde habrían sido dispuestos los residuos con polimetales en la década de los 90. Ahora, los ministros del tribunal debemos analizar los antecedentes, evaluar si existe consenso respecto a cómo se resolverá el caso y, de ser así, continuar con el proceso de redacción de sentencia. En caso contrario, corresponde determinar si es necesario recabar algún antecedente adicional”, explicó el ministro Alamiro Alfaro.
Demanda
La fundación argumenta que los materiales acopiados no solo contaminan el lugar en que se encuentran, sino que se dispersaron por acción del viento hacia sectores cercanos al Sitio F y al depósito de Quebrada Encantada, facilitando que los contaminantes alcanzaran zonas pobladas.
Además, según un estudio de la Asesoría Técnica Parlamentaria de enero de 2019, la contaminación por polimetales en Arica se produjo por la presencia en altas concentraciones de plomo y arsénico en los suelos, debido a que entre 1984 y 1985 las empresas Promel y Boliden Metal (de Suecia) internaron y depositaron en la comuna más de 20 mil toneladas de desechos tóxicos. La intención original del proyecto era extraer oro y plata de los residuos, sin embargo, estos fueron abandonados en el Sitio F de propiedad fiscal.
La versión del Estado de Chile
En su respuesta a la demanda presentada por la Fundación Mamitas del Plomo, el Estado de Chile —a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE)— negó que existan antecedentes suficientes para acreditar una afectación significativa al suelo, aire o agua que configure un daño ambiental conforme a la legislación vigente. Argumentó que la presencia de metales pesados como arsénico y plomo en la zona responde, en parte, a condiciones geológicas naturales del norte de Chile y no necesariamente a una acción u omisión atribuible al Estado. Además, sostuvo que la demanda no demuestra que dichas concentraciones hayan sido incrementadas por intervención humana de manera significativa.
Respecto de las acciones estatales, el CDE recalcó que el Estado ha adoptado medidas de remediación a través de diversos actos administrativos y materiales, incluso bajo el amparo de una ley especial. Sin embargo, subrayó que la demanda no reconoce adecuadamente esos esfuerzos ni plantea alternativas técnicas viables. La defensa insistió en que no se puede responsabilizar al Estado por toda la situación sanitaria de Arica, especialmente cuando ya se han ejecutado políticas públicas para contener los efectos del acopio histórico de residuos en sitios como el Sitio F y Quebrada Encantada. En ese contexto, el CDE afirmó que no existe base jurídica ni técnica para exigir nuevas reparaciones sin una demostración clara del daño ambiental y su relación causal con actos del Estado.