Demandan mayor seguridad en el Parque Industrial Agtima, convertido en un ‘pueblo sin ley’

La Asociación Gremial de Trabajadores Industria Menor de Arica (Agtima), ubicada en Cerro Chuño, ha estado elevando su voz durante años para alertar a las autoridades sobre el abandono total en el que se encuentran, con sus negocios, viviendas, calles y avenidas convirtiéndose en blanco de múltiples delitos e incivilidades, lo que ha llevado a catalogar el área como un ‘pueblo sin ley’.

Fernando Aguirre Tapia, propietario de un taller de vulcanización mecánica y pintura en la manzana B, sitio 24, ha expresado su preocupación por el aumento de la delincuencia en la zona, lo que ha hecho que tanto clientes como trabajadores eviten acudir al sector por miedo a ser asaltados.

Aguirre también denuncia que los delincuentes bloquean el acceso a sus locales, impidiendo el tránsito de vehículos, y que los camiones de basura no recogen los desechos, a pesar de que los residentes y comerciantes pagan por el servicio, lo que genera graves problemas sanitarios en el área. ‘Estamos convertidos en un pueblo sin ley’, afirma Aguirre.

El empresario hace un llamado urgente a las autoridades para que escuchen sus reclamos, ya que, según afirma, Carabineros también se siente impotente debido a la cercanía de asentamientos ilegales, lo que provoca cortes de luz, agua, robos de cables y contaminación ambiental, ya que las personas de mal vivir queman la basura.

Otro tema crítico es el aumento abrupto de los cánones de arriendo por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Por ejemplo, un usuario del Parque Agtima que pagaba $54.088 en 2017 ahora enfrenta un costo de $409.341 en 2023, lo que representa un incremento del 800% que afecta gravemente la viabilidad de sus negocios.

A.A., un microempresario que prefiere mantener su nombre en el anonimato por temor, ha visto cómo sus 10 trabajadores han sido asaltados en la zona, al igual que clientes y proveedores. ‘Estamos desesperados, porque ya nadie quiere venir por la delincuencia. Nuestros vehículos son apedreados y la recolección de basura es inexistente’, comenta.

El empresario agregó que ‘este sector es tierra de nadie’, donde la delincuencia opera impunemente tanto de día como de noche. Los antisociales incluso han matado a sus perros guardianes y han interrumpido sus labores cortando insumos. Además, su canon de arriendo ha aumentado de 47 mil a 350 mil pesos mensuales en un año. ‘Estamos desmoralizados y nadie hace nada, mientras nuestros ingresos disminuyen día a día’.

El senador José Miguel Durana (UDI), quien visitó el lugar a solicitud de los afectados y la consejera regional Margot Ríos Mamani, lamentó la situación de indefensión en la que se encuentran estos microempresarios y emprendedores. ‘A los delitos violentos que sufren se suma el aumento indiscriminado en el valor de los arriendos, lo que impacta negativamente en su calidad de vida. Vamos a tocar todas las puertas necesarias en la Municipalidad de Arica, en la Delegación Presidencial Regional y en el gobierno para activar acciones en favor de este sector olvidado’, concluyó Durana.