Culminan las primeras audiencias en la demanda contra Quiborax en el Primer Tribunal Ambiental

Los ministros del Primer Tribunal Ambiental han concluido las primeras tres jornadas de audiencia en la causa Rol D-31-2024, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha demandado a la empresa Quiborax S.A. por presunto daño ambiental al Salar de Surire, situado en la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.

Durante estas audiencias, se escucharon las declaraciones de 14 testigos, incluyendo destacados expertos como la Dra. Cristina Dorador, el Dr. Manuel Contreras y el Dr. Jorge Bermúdez.

Las audiencias iniciaron con un llamado a conciliación, donde Quiborax presentó una nueva propuesta de acuerdo que actualmente está siendo evaluada por el CDE y los servicios sectoriales pertinentes.

Entre los testimonios, la Dra. Cristina Dorador explicó el funcionamiento ecológico del salar, enfatizando la importancia de los tapetes microbianos y sugiriendo la inclusión de variables microbiológicas para mejorar el monitoreo ambiental.

Asimismo, César Pizarro, Sandro Maldonado y José Urrutia, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), aportaron a la discusión destacando la relevancia del Salar de Surire como hábitat para especies como suris, guanacos y flamencos. Pizarro subrayó los cambios ambientales desde el año 2000, mientras que Urrutia reportó reiteradas violaciones a las normas ambientales desde 2022, incluyendo actividades mineras irregulares.

El tercer día de audiencias fue marcado por la intervención del ex contralor Jorge Bermúdez, quien argumentó que la acción de reparación del daño ambiental podría estar prescrita y que ya había sido resuelta en un juicio anterior. Por su parte, Manuel Contreras, Doctor en Biología y Director Ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada, destacó la necesidad de cuidar las características ecológicas del salar, vital para la reproducción de flamencos en Chile.

Argumentos de las partes

El CDE sostiene que el daño ambiental se origina en las actividades extractivas de Quiborax desde 1987, acusando a la empresa de omitir sus obligaciones de cuidado ambiental y de no someter su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental desde 1994. Por ello, solicita medidas inmediatas para mitigar los daños.

Quiborax, en respuesta, defiende que ha operado cumpliendo con todas las normativas y permisos requeridos, indicando que la acción del CDE es infundada y que ya existe cosa juzgada respecto a la no necesidad de someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Medida cautelar

Cabe recordar que el 11 de septiembre de 2024, el tribunal dictó una medida cautelar que paralizó las operaciones de Quiborax en el salar, debido a riesgos ambientales. Posteriormente, el 30 de octubre, se autorizó excepcionalmente la nivelación de áreas intervenidas y el retiro de ulexita acumulada, bajo condiciones específicas.

El tribunal ha decidido extender esta medida cautelar hasta el 31 de mayo de 2025.

Los siguientes pasos

La audiencia se reanudará el 24 y 25 de marzo, cuando se espera la participación de otros 9 testigos, tanto de la demandada como de comuneros y miembros de la Comunidad Ancestral de Salar de Surire. Los ministros evaluarán si se requieren diligencias probatorias adicionales o si están listos para dictar sentencia.