Acusación constitucional contra Piñera: ¿Qué pasa si se aprueba en la Cámara?

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Este lunes 8 de noviembre se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

El libelo llegó a la Sala tras ser rechazado por la comisión revisora, pero que no es vinculante para su tramitación.

Cabe recordar que la acusación contra el Mandatario fue firmada por algunos diputados de oposición, en el marco de la publicación de los «Pandora Papers», en donde se informaba de la compraventa de la minera Dominga de parte de la familia Piñera Morel a Carlos Alberto Délano.

Votación de admisibilidad

Este lunes se discutiría la «cuestión previa», en donde el acusado (o su defensa) argumenta por escrito o de modo presencial que la acusación no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución.

Sin embargo, la defensa de Piñera decidió desechar este mecanismo, por lo que el paso a seguir es analizar el tema de fondo y votar la admisibilidad.

De acuerdo al artículo 52 de la Constitución, para declarar que ha lugar la acusación constitucional se requiere el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. Es por ello que la oposición espera el arribo del diputado Giorgio Jackson, sin el cual no conseguirían los 78 votos que se requieren. 

Pasaría al Senado

Si la admisibilidad es aprobada, la discusión pasará al Senado, que cumplirá la función de jurado. Pero antes, se elegirá una comisión de tres diputados que formalizarán la acusación ante la Cámara Alta para continuar su tramitación.

La presidenta del Senado, en este caso Ximena Rincón (DC), deberá ser notificada en 24 horas sobre la resolución de la Cámara de Diputados.

En ese escenario, el Senado tiene entre cuatro y seis días para fijar su votación, de la que se requiere un quórum de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio. Esto último, debido a que se trata del Presidente de la República. Si fuese otra autoridad pública la acusada, sólo se requiere de mayoría simple.

En el caso de que se apruebe la acusación en dicha instancia, el presidente quedaría destituido de su cargo y no podría ejercer ninguna función pública en cinco años.

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